El recuerdo de la Decena Trágica y el intervencionismo extranjero en perjuicio de la soberanía nacional

Raúl Gutiérrez Patiño

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Esta semana, en febrero de hace exactamente cien años, se dio un hecho sin precedentes que puso de manifiesto e importancia la injerencia de las representaciones diplomáticas en el desarrollo de la reciente democracia representativa en México.

Se recuerda a la Decena Trágica como el movimiento armado que tuvo lugar del 9 al 19 de febrero de 1913 para derrocar al entonces Presidente de la República  Francisco I. Madero, gestado por aquellos que  habían detentado el poder durante el porfiriato y cuyos intereses se habían visto afectados tras la elección democrática de Madero. Este hecho, estuvo marcado por la traición y por el apoyo de la Embajada norteamericana, a través del conocido “Pacto de la Embajada” o “Pacto de la Ciudadela”, entre Victoriano Huerta y Félix Díaz en su calidad de Comandante en Jefe del Ejército Federal para destituir a Madero y al Vicepresidente José María Pino Suárez. Como consecuencia de este hecho el día 20 de febrero de 1913, ambos funcionarios fueron aprehendidos y posteriormente el día 22, asesinados.

Durante el gobierno de Porfirio Díaz, le fueron otorgados concesiones y privilegios a empresarios norteamericanos para explotar los recursos petrolíferos en México, situación que terminó cuando estalló la Revolución Mexicana en noviembre de 1910; por lo que el entonces Embajador Henry Lane Wilson, se involucró en los asuntos internos de México para defender los intereses intervencionistas.  Se conoce como el “Pacto de la Embajada”, debido a que fue firmado en la representación diplomática norteamericana, dicho acuerdo comprendía los siguientes aspectos:

a) El desconocimiento del gobierno de Francisco I. Madero.

b) La presidencia provisional del general Victoriano Huerta antes de 72 horas, con un nuevo gabinete.

c) Félix Díaz no tendría ningún cargo, para así poder contender en las futuras elecciones.

d) La notificación a los gobiernos extranjeros del cese de Francisco I. Madero.

e) El fin de las hostilidades (de la Decena Trágica).

Este hecho ha generado muchas discusiones, se ha argumentado que lo que se dio en aquella época no fue una usurpación del poder como tal, sino un golpe de Estado que  probablemente fue el primero en Latinoamérica apoyado por un gobierno extranjero; sin embargo sea cual fuere, el resultado fue el derrocamiento del sistema democrático mexicano y la sumisión de la soberanía nacional ante los intereses foráneos.

De acuerdo con lo establecido en el texto titulado “El otro lado del espejo: México en la memoria de los jefes de misión estadounidenses (1822-2003)” de Óscar Flores Torres, “para desacreditar al gobierno mexicano y a los embajadores latinoamericanos que estaban a favor de Madero, Lane Wilson trató de intranquilizar a parte del cuerpo diplomático europeo —compuesto por el contralmirante Paul von Hintze de Alemania, Francis W. Stronge de Inglaterra y Bernardo J. Cólogan y Cólogan de España— para que le ofrecieran su respaldo argumentando la incompetencia de Madero”.

Cabe recordar que desde el inicio del “gobierno” de Huerta, el entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, no reconoció al ex presidente y formó el Ejército Constitucionalista que terminó derrotando a las fuerzas federales el 24 de junio de 1914, lo que provocó el exilio de Victoriano Huerta.

Cuando Huerta se encontraba en su exilio en Barcelona, España, el ejército alemán conspiró con él para que retornara al poder, dándole apoyo económico. Sin embargo en 1915 el escenario político en Estados Unidos había cambiado, ahora se encontraba en el poder Woodrow Wilson del partido demócrata, cuya administración no se manifestaba a favor de otorgar apoyos a militares para orquestar golpes de Estado; por lo que los planes de Huerta de “usurpar” nuevamente la presidencia, no pudieron llevarse a cabo, fue detenido en Newman Nuevo México y se le permitió salir de la prisión militar en Fort Bliss, Texas,  en donde posteriormente murió en El Paso el 13 de enero de 1916.

Asimismo, cuando Wilson asumió la presidencia en Estados Unidos, aunado al escándalo que se generó en la sociedad norteamericana por la participación que se le atribuyó al representante diplomático en la tragedia mexicana, Lane Wilson fue destituido por su descarada intervención, situación que marcó el mejoramiento en las relaciones bilaterales entre ambos Estados.

Ante la urgente necesidad de salvaguardar los intereses de la patria de las intervenciones extranjeras, surge en 1918 la llamada “Doctrina Carranza”, proclamada ante el Congreso el día primero de septiembre de aquel año, que en síntesis marco el inicio de la Igualdad Jurídica entre los Estados y la No Intervención, principios de política exterior consagrados en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Se sabe que dicha Doctrina, y de acuerdo con lo establecido en el texto: “Las Relaciones Internacionales en la Revolución y Régimen Constitucionalista y la Cuestión Petrolera. 1913-1919. Tomo II, Puntos de vista sobre Política Internacional, basados en la Doctrina Carranza”,  “Esta Doctrina, surgió el 17 de octubre de 1915 cuando el entonces Presidente Venustiano Carranza, salió del puerto de Veracruz, para recorrer varios estados fronterizos con el fin de cerciorarse de sus necesidades y hacer ver ante la Nación entera que sus relaciones con el General Álvaro Obregón eran cordiales, pues los enemigos de la Revolución residentes en los Estados Unidos habían propalado la noticia de que existía un serio distanciamiento entre el Primer jefe y el divisionario sonorense. A este efecto acompañó en su gira al señor Carranza el General Obregón, quien fue en realidad el autor de la idea e hizo invitación al Primer jefe para que recorrieran juntos esa parte del país. Con motivo de esa gira política, el Carranza pronunció varios discursos de trascendencia desde el punto de vista internacional, discursos improvisados que no se concretaron exclusivamente a tratar de política exterior, sino que, como es natural abarcaron distintos temas de política interior; motivo por el cual no se pudo formar con ellos un todo armónico respecto a su doctrina internacional. Por eso fue que el propio señor Carranza comprendiendo la necesidad de precisar sus ideas sobre la política internacional que había de seguir México, por lo menos durante su Gobierno”.

Dichos preceptos en materia de política exterior que fueron proclamados en 1918 establecieron que:

I. Todas las naciones son iguales ante el Derecho. En consecuencia deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus Leyes y su soberanía, sometiéndose estrictamente y sin excepciones al principio universal de no intervención.

II. Nacionales y extranjeros deben ser iguales ante la soberanía del Estado en que se encuentran; de consiguiente ningún individuo debe pretender una situación mejor que la de los ciudadanos del país donde va a establecerse y no hacer de su calidad de extranjero un título de protección y privilegio.

III. Las legislaciones de los Estados deben ser uniformes y semejantes en lo posible, sin establecer distinciones por causa de nacionalidad, excepto en lo referente al ejercicio de la soberanía.

Sin embargo si observamos el precepto IV de dicha Doctrina, podemos apreciar con claridad la urgente necesidad de evitar cualquier tipo de repetición de intervencionismo vía diplomática que atente en contra de la soberanía de la nación, en donde se establece que: “La diplomacia debe velar por los intereses generales de la civilización y por el establecimiento de la confraternidad universal; no debe servir para la protección de intereses particulares, ni para poner al servicio de éstos la fuerza y la majestad de las naciones. Tampoco debe servir para ejercer presión sobre los Gobiernos de países débiles, a fin de obtener modificaciones a las leyes que no convengan a los súbditos de países poderosos”; por lo que se puede ver la precaución debidamente tomada posterior a la Decena Trágica.

Años después, se dieron una serie de confrontaciones en el terreno diplomático, como por ejemplo definir el alcance del artículo 27 en relación con la industria petrolera y a las propiedades agrarias extranjeras, la reanudación del pago de la deuda externa y las compensaciones a los extranjeros por daños a sus bienes y personas durante la revolución, para  llegar finalmente a la firma de los Acuerdos de Bucareli o "Convención Especial de Reclamaciones" de 1923 durante el gobierno del entonces Presidente Álvaro Obregón, en donde se establecía que: Las propiedades agrícolas expropiadas a estadounidenses se pagarían con bonos, si no eran mayores a 1755 hectáreas; las propiedades que rebasaran dicha extensión, el pago sería de inmediato y al contado; se integraría una comisión que se encargaría de revisar las reclamaciones pendientes a partir de 1868; las reclamaciones originadas por la Revolución se resolverían aparte; con relación al petróleo, el artículo 27 constitucional no era retroactivo para los norteamericanos que habían adquiridos sus concesiones antes de 1917, lo que les permitía seguir explotando libremente el hidrocarburo.  La llamada “Convención”, fue cancelada poco tiempo después por el ex Presidente Plutarco Elías Calles en 1924.

Posteriormente, se dieron una serie de movimientos y disputas en el terreno diplomático que ayudaron a conformar la actual relación bilateral entre ambos Estados; pero lo más importante se definió el papel de México en el concierto internacional como una nación que consagra la Igualdad Jurídica entre Estados, la No Intervención, la Libre Autodeterminación de los Pueblos, la Solución Pacífica de Controversias, así como los otros preceptos consagrados en nuestra Constitución, que sirvieron de piedra angular para la construcción de los principios que regirían el quehacer de la Sociedad Internacional.

Raúl Gutiérrez Patiño es Asesor en el área de Análisis Político de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, A.C., de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura. Anteriormente se desempeñó como Asesor en la Vice-coordinación de Política Exterior y Asuntos Internacionales del GPPAN en el Senado de la República de la LXI Legislatura. Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana; estudiante de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México-SUA; Maestro en Corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca, España.